El término fumus negativo es una expresión utilizada en el ámbito jurídico y financiero para describir indicios de que una entidad o individuo puede estar involucrado en actividades ilícitas o irregulares. Se contrapone al concepto de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y suele emplearse en procesos donde se busca justificar medidas cautelares o investigaciones preliminares.
Aunque su origen es jurídico, en el contexto económico-financiero el fumus negativo se utiliza para señalar sospechas fundadas que pueden afectar la reputación, solvencia o continuidad de una empresa o agente económico.
Origen del término
La palabra fumus proviene del latín y significa humo. En el derecho clásico, se hablaba de fumus boni iuris para referirse a la “apariencia de buen derecho”, es decir, a la existencia de indicios razonables de que una pretensión judicial está bien fundada. En sentido contrario, fumus negativo hace referencia al “humo de lo malo”: indicios que apuntan a una falta de legitimidad, legalidad o ética en una actuación.
Este término no tiene una definición legal oficial en la mayoría de normativas, pero sí se usa doctrinalmente y de manera práctica, especialmente en los sectores financiero, regulador o de compliance.
Aplicación en el ámbito financiero y regulador
El fumus negativo se emplea en el entorno financiero para referirse a situaciones como:
- Sospechas de blanqueo de capitales.
- Indicios de fraude fiscal o contable.
- Riesgo reputacional por vínculos con operaciones opacas o ilícitas.
- Actividades que levantan alertas en organismos reguladores o unidades de inteligencia financiera.
- Uso de estructuras societarias complejas sin justificación operativa (empresas pantalla, paraísos fiscales, etc.).
Cuando una empresa o persona presenta fumus negativo, puede ser objeto de:
- Investigaciones por parte de la CNMV, Banco de España o SEPBLAC.
- Auditorías internas o externas más estrictas.
- Restricciones en operaciones financieras o en acceso a financiación.
- Cancelaciones de relaciones comerciales por parte de bancos o socios.
Fumus negativo y compliance
En el ámbito del compliance (cumplimiento normativo), el fumus negativo puede justificar la activación de protocolos de prevención y control. Las empresas están obligadas a:
- Aplicar medidas de debida diligencia reforzada si detectan indicios sospechosos en sus clientes o proveedores.
- Denunciar operaciones con fumus negativo ante las autoridades si existe obligación legal (por ejemplo, bajo la Ley de prevención del blanqueo de capitales).
- Evaluar el impacto que la presencia de fumus negativo puede tener sobre sus riesgos penales o reputacionales.
Por ejemplo, si una empresa quiere contratar con otra entidad que aparece mencionada en prensa por escándalos financieros, puede ser necesario evaluar si existe fumus negativo suficiente para abstenerse de contratar o, al menos, aplicar controles adicionales.
Consecuencias del fumus negativo
Aunque el fumus negativo no implica culpabilidad ni condena legal, sus consecuencias pueden ser graves, especialmente en el sector económico y bursátil. Algunas de ellas son:
- Deterioro de la imagen pública y pérdida de confianza de inversores o clientes.
- Caída en la cotización bursátil de una empresa si se percibe riesgo legal o de continuidad.
- Revisión o cancelación de licencias, contratos o relaciones comerciales.
- Dificultades para acceder a financiación, seguros o auditorías.
En mercados regulados, el fumus negativo puede motivar investigaciones por parte de la CNMV o incluso la suspensión de cotización de un valor.
Ejemplos de situaciones con fumus negativo
- Una empresa cotizada cuyos directivos están siendo investigados por corrupción.
- Una entidad financiera que aparece relacionada con paraísos fiscales en filtraciones públicas (como los Papeles de Panamá).
- Una firma auditada donde se detectan irregularidades sistemáticas en las cuentas, aunque no haya condena firme.
- Una compañía que emite información financiera contradictoria o poco transparente, generando dudas en el mercado.
Diferencia con indicios o pruebas
El fumus negativo no equivale a una prueba concluyente, sino a una apariencia fundada de irregularidad o ilicitud. En muchos casos, basta con la sospecha razonable para activar protocolos de control, aunque no se haya demostrado legalmente una conducta sancionable.
Este enfoque es importante en prevención de riesgos, donde actuar a tiempo puede evitar consecuencias legales, económicas o reputacionales mayores.