El derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales de accionistas es uno de los derechos políticos fundamentales que tienen los accionistas de una sociedad anónima. Este derecho les permite participar en las decisiones clave de la empresa, tales como la aprobación de cuentas anuales, la elección del consejo de administración, modificaciones estatutarias, fusiones, escisiones o disolución de la sociedad.

A través del ejercicio de este derecho, los accionistas pueden influir activamente en la gobernanza corporativa y proteger sus intereses dentro de la compañía.

¿Qué es la Junta General de accionistas?

La Junta General es el órgano supremo de decisión de una sociedad anónima. Se reúnen en ella los accionistas para deliberar y votar sobre los asuntos más relevantes de la empresa. Existen tres tipos:

• Junta Ordinaria: se celebra obligatoriamente una vez al año para aprobar la gestión, las cuentas y el reparto de beneficios.
• Junta Extraordinaria: convocada en cualquier momento para tratar asuntos relevantes.
• Junta Universal: cuando está presente todo el capital social, sin necesidad de convocatoria formal.

Derecho de asistencia

El derecho de asistencia es el derecho a estar presente en la Junta General, ya sea personalmente o representado por un apoderado. En las sociedades cotizadas, este derecho está más garantizado, ya que se permite asistir a los titulares de una cantidad mínima de acciones, fijada en los estatutos (pero no superior al 1 % del capital social).

Las sociedades no cotizadas pueden establecer en sus estatutos restricciones al derecho de asistencia (por ejemplo, poseer un número mínimo de acciones), pero deben respetar los límites legales y los principios de equidad y proporcionalidad.

Derecho de voto

El derecho de voto permite al accionista pronunciarse a favor o en contra de las propuestas planteadas en la Junta. Se basa en el principio de proporcionalidad, es decir, una acción, un voto, salvo que los estatutos o la ley dispongan otra cosa.

Existen excepciones a esta regla, como las acciones sin voto o las acciones con voto múltiple (en países donde estén permitidas). En general:

• Los accionistas pueden votar presencialmente, por representación, o incluso por medios electrónicos si los estatutos lo permiten.
• El voto es vinculante, es decir, tiene efectos legales en los acuerdos adoptados.

Participación mediante representación

Todo accionista puede delegar su derecho de asistencia y voto en otra persona, que actuará como su representante. Esta figura es especialmente habitual entre accionistas minoristas o cuando se prevé ausencia en la reunión. En las sociedades cotizadas, la representación puede otorgarse por medios electrónicos y debe garantizar la identificación y la autenticidad.

Requisitos y procedimientos

Para ejercer estos derechos, los accionistas deben:

• Estar legitimados: es decir, figurar como titulares de acciones con derecho a voto en el registro correspondiente, en la fecha indicada por la convocatoria.
• Solicitar tarjeta de asistencia, que suele emitir la entidad depositaria de los títulos.
• Cumplir los plazos de inscripción previa, si los estatutos lo exigen.

Además, en las sociedades cotizadas, la Ley del Mercado de Valores exige una convocatoria pública, detallando el orden del día, la fecha, el lugar y la forma de participación.

Importancia práctica del derecho de voto

Este derecho permite a los accionistas:

✅ Aprobar o rechazar la gestión de los administradores.
✅ Influir en la política de dividendos.
✅ Elegir o cesar a los miembros del consejo.
✅ Autorizar aumentos o reducciones de capital.
✅ Decidir sobre operaciones corporativas estratégicas.

En resumen, el derecho de voto es el principal mecanismo de control y participación del accionista en la vida societaria.

Limitaciones y defensa del derecho

Aunque el derecho de asistencia y voto es esencial, puede verse afectado por:

❌ Prácticas de concentración del poder en grandes accionistas.
❌ Falta de transparencia en la convocatoria o en la información previa.
❌ Obstáculos técnicos o burocráticos en la representación o el voto a distancia.

Por ello, los marcos regulatorios (como el Código de Buen Gobierno de la CNMV en España) insisten en la necesidad de facilitar la participación efectiva del accionista, reforzar la transparencia y fomentar una cultura de buen gobierno corporativo.